En los últimos años, las criptomonedas han experimentado un crecimiento significativo, con la aparición y proliferación de activos digitales como Bitcoin, Ethereum y una variedad de tokens. Este auge ha planteado desafíos para los reguladores a nivel global, quienes han comenzado a establecer marcos normativos para abordar el uso, la seguridad y las implicaciones de estos activos digitales. En Europa, una de las normativas más importantes que ha surgido es la Ley MiCA ("Markets in Crypto-Assets"), cuyo objetivo es regular el mercado de criptoactivos dentro de la Unión Europea.

 

La Ley MiCA: Regulación de los Mercados de Criptoactivos

La Ley MiCA establece normas uniformes para el mercado de criptoactivos en la Unión Europea, con un enfoque especial en aquellos criptoactivos que no estaban previamente regulados por la legislación financiera vigente. Este marco jurídico busca garantizar la transparencia, la divulgación, la autorización y la supervisión de las transacciones de criptoactivos, con el fin de mantener la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Además, se pretende proteger a los consumidores mediante la regulación de las ofertas públicas de criptoactivos, asegurando que los usuarios estén debidamente informados sobre los riesgos asociados.

 

Ámbito de la Regulación

La Ley MiCA define el término "criptoactivo" como una representación digital de un valor o derecho que puede transmitirse y almacenarse electrónicamente utilizando tecnologías como la DLT (Distributed Ledger Technology). La normativa distingue entre tres categorías principales de criptoactivos según el tipo de emisor:

  1. Electronic Money Token (EMT): Estos tokens están diseñados para mantener un valor estable, respaldado por una moneda fíat única, como el dólar estadounidense en el caso de stablecoins como Tether (USDT) o USD Coin (USDC). Para emitir EMTs, es necesario contar con el respaldo de una entidad de crédito o una entidad de dinero electrónico autorizada.
  2. Asset-referenced Token (ART): Similar a los EMT, los ARTs buscan mantener un valor estable, pero en lugar de estar respaldados por una sola moneda, se refieren a una combinación de valores o derechos, incluyendo varias monedas oficiales. Un ejemplo notable es PAX Gold, que representa oro digitalizado, o el proyecto Libra de Facebook, que aspiraba a crear una moneda digital basada en una cesta de monedas tradicionales.
  3. Utility Token: Estos tokens están diseñados para dar acceso a un bien o servicio ofrecido por el emisor, sin la necesidad de estar respaldados por una entidad financiera. Son comúnmente utilizados para acceder a plataformas o servicios digitales específicos.

 

Exclusiones de la Ley MiCA

Es relevante destacar que la Ley MiCA no abarca todos los tipos de criptoactivos. Algunos ejemplos de activos excluidos son:

- Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDCs): Estas monedas, emitidas directamente por bancos centrales, no están reguladas bajo MiCA.

- Finanzas Descentralizadas (DeFi): Este ecosistema de servicios financieros que opera sin intermediarios tradicionales queda fuera del alcance de MiCA. Hoy en día a dada la tecnología existente, es prácticamente imposible regular el DeFi.

- Tokens No Fungibles (NFTs): Activos digitales únicos y no intercambiables, típicamente utilizados en el arte digital y los coleccionables, también están excluidos. 

- Activos Financieros Tokenizados: Como viviendas o fondos de inversión tokenizados, que representan activos tradicionales en formato digital.

- Security Tokens: Criptoactivos que representan derechos de participación en una empresa o deuda, también están fuera del marco de MiCA.

 

Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP)

Para la implementación de la Ley MiCA, se han definido figuras clave como los CASP (Crypto-asset Service Providers), que son personas jurídicas o empresas autorizadas a prestar servicios relacionados con criptoactivos de manera profesional. Dependiendo del tipo de servicio, los CASP se clasifican en tres clases:

  • Clase 1: Con un capital mínimo de 50.000 €, pueden ejecutar órdenes en nombre de clientes, prestar servicios de transferencia y asesoramiento, y gestionar carteras de criptoactivos.
  • Clase 2: Requiere un capital mínimo de 125.000 € y permite, además de las actividades de la Clase 1, la custodia y administración de criptoactivos, así como el intercambio entre criptoactivos y fondos.
  • Clase 3: Con un capital mínimo de 150.000 €, pueden realizar todas las actividades de las clases anteriores y además, gestionar plataformas de negociación de criptoactivos.

 

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)

La normativa MiCA también regula a los VASP (Virtual-asset Service Providers), que incluyen actividades como el intercambio entre activos virtuales y moneda fíat, la custodia de activos virtuales, y la prestación de servicios financieros relacionados con la oferta de criptoactivos. Ejemplos de VASP incluyen servicios de custodia, proveedores de wallets, y cajeros automáticos de Bitcoin.

 

Procedimiento de Registro y plazos

Las empresas que deseen operar como VASP deben solicitar autorización ante la autoridad competente de su país, en España, el Banco de España. El proceso incluye la presentación de documentos como formularios de inscripción, manuales de prevención de blanqueo de capitales, y certificados de antecedentes penales. Una vez presentada la solicitud, la autoridad tiene tres meses para emitir una resolución, con posibilidad de suspender el plazo si se requiere información adicional.

El proceso de transición hacia la completa implementación de la Ley MiCA culminará el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, algunas disposiciones, como las relacionadas con las stablecoins y EMTs, entrarán en vigor el 30 de junio de 2024.

 

Conclusión

La Ley MiCA representa un paso importante hacia la regulación de los criptoactivos en Europa, proporcionando un marco claro que busca equilibrar la innovación en el mercado de criptoactivos con la protección del consumidor y la estabilidad financiera. A medida que se implementa, los participantes en este mercado deberán adaptarse a las nuevas normativas para continuar operando dentro de la legalidad.